INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL FUEGO®

 

 

 

 

COMISION N° 8 

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL

Pte. Dr. Eduardo A. Roberto Alonso

Pte. Dr. Norberto Novellino

Vic. Dra. Leticia Viviana Maggiolo

Coord. Dr. Federico Gallo Quintian

Sec. Dr. Rubén Daniel Iglesias

Sec. Dr. Eduardo Magri

 

I.-         Que se establezcan a través de la regulación infraconstitucional, que salvo temeridad o malicia, el accionante – en el marco de una acción de amparo-,  estará exento de costas, pues ello hace operante lo establecido en el art. 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

 

II.-            Establecer la necesidad de que exista un juez especializado en materia ambiental asistido por un equipo técnico, plasmándose como obligatoria la inmediación del Juez en la legislación procesal; siendo facultad del mismo requerir explicaciones “in situ”, al experto interviniente.

 

III.-            Establecer que la legitimación de quienes pretendan garantizar el goce de los derechos vinculados con la materia ambiental, sea amplia y extensiva al afectado, el defensor del pueblo (en los términos del art. 86 C.N.) y a las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley en cualquier tipo de acción a iniciarse tendiente a la protección ambiental pues ello hace operante la protección que en cuanto a la materia ambiental el art. 41 de la C.N. establece.

 

IV.-      Que en las acciones de amparo ambiental ejercidas en la provincia de Buenos Aires, tanto frente a actos u omisiones de particulares como del Estado se reconozcan amplia legitimación activa a las ONG que justifiquen en debida forma su finalidad de bien público.

 

V.-            Establecer que la tutela integral del ambiente  tienda a lograrse también a través de medidas autosatisfactivas,  legislándose al respecto en tal materia estableciendo su  trámite y modificándose en tal sentido la legislación procesal correspondiente.

 

VI.-      Incluir en la legislación procesal correspondiente los resortes necesarios para facultar a los Jueces –en circunstancia técnicamente comprobadas- a imponer indemnización de “daños punitivos”, en supuestos de menoscabo ambiental toda vez que se verificasen conductas gravemente antisociales a aquel referidas.

 

VII.-     En materia de acción de responsabilidad derivada de la violación de las normas regulatorias de los residuos peligrosos, el Juez podrá aplicar –en circunstancias excepcionales-, la teoría de las pruebas “leviore”, a los fines de tener por acreditado el daño resarcible.

 

VIII.-            Establecer la necesidad de que el Juez que interviene en un proceso sustanciado con el objeto de la cesación del daño que se produce a raíz de la infracción a la normativa ambiental, integre oficiosamente la litis y así no se encuentre supeditado al principio de congruencia.

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